Jubilación

Un voto para las pensiones

16 junio, 2016

Elecciones generales –de nuevo–, precampaña –de nuevo– en plena ebullición y con ello los temas más candentes para la sociedad española. Entre las propuestas que están recogiendo más minutos en los debates de los candidatos a la presidencia se sitúa el sistema público de pensiones. Pero ¿qué propone cada partido?

El Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, considera que el actual sistema sería sostenible, siempre y cuando se recuperase el empleo perdido en estos años de recesión económica. El objetivo propuesto por los populares es la creación de veinte millones de empleos. Así también lo considera Ciudadanos, que apoya (con algunos matices) la última reforma acometida en 2013 por los populares, incluyendo el factor de revalorización anual y el de sostenibilidad, que trata de ajustar la cuantía de las pensiones en función de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

Esta propuesta tiene numerosos detractores al considerar que el desempleo no es la única problemática del actual sistema y que por lo tanto aun recuperando todos los empleos perdidos no estaría solucionada su insolvencia. Y es que la pirámide poblacional española se está invirtiendo, de tal manera que los mayores de 65 años, es decir, los ciudadanos en edad de jubilación, superarán a los españoles en edad de trabajar.

Por su parte el Partido Socialista apuesta por crear un nuevo impuesto o incrementar los actuales para garantizar la sostenibilidad del sistema público. Este nuevo impuesto denominado ‘recargo solidario’ ya ha sido puesto en marcha en otros países europeos como es el caso de Francia.

Los detractores de esta propuesta tampoco faltan y muchos especialistas la califican de error al considerar que esta posible carga impositiva provocaría una reducción en el consumo de los ciudadanos, en su ahorro y por lo tanto supondría un nuevo factor de cara al desempleo.

Junto al Partido Socialista, Podemos es partidario de derogar la última reforma del Gobierno sobre pensiones y apoyan ligarlas al IPC.

En lo que sí que coinciden las distintas agrupaciones es que el Pacto de Toledo debe ser el foro de análisis y debate para intentar buscar e implantar las mejores soluciones, que deben ser acordadas por unanimidad y tratadas como un problema de Estado.

Lo que está claro es que las cuentas no cuadran y que lo que queda de precampaña servirá para escuchar y entender -o no- las propuestas de los distintos grupos, ya que es un tema que no podrán dejar de lado al afectar a la tranquilidad y bienestar futuro de todos sus votantes.

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